Crisis económica y delincuencia

Bien está que nos resistamos a recortar las prestaciones sociales de los más desfavorecidos, pero teniendo muy presente que el mejor remedio consiste en proporcionar empleo digno a quienes pueden y desean trabajar. A partir de ahí, el Estado contaría con más ingresos y habría menos necesitados. Sin embargo, y por desgracia, el paro aumenta progresivamente en España -a la cabeza en el listado de este epígrafe entre los países europeos-, y nada indica que la tendencia vaya a invertirse en los meses próximos. Al contrario, la desaceleración de la aceleración resultó ser el comienzo de una profunda crisis que -según se reconoce ahora- no ha hecho más que empezar.


Todos sabíamos que el brusco descenso en la construcción de viviendas dejaría en la calle a muchos trabajadores, empezando por los inmigrantes y, entre ellos, por los ilegales. Pero eran los tiempos de las vacas gordas. Hacían las labores que nosotros no queríamos, impulsaban la economía, multiplicaban las ganancias del empresario y ayudaban a pagar los subsidios de desempleo a muchos españoles. Tampoco resultaba arriesgado imaginar el problema que podrían plantear los extranjeros sin trabajo, sin dinero y sin una familia que les ayude a superar los tiempos difíciles. Sólo que el optimismo antropológico de unos y la codicia de otros no se dieron por aludidos.



A quienes advirtieron de los peligros de la inmigración incontrolada, de las regularizaciones masivas y de las cifras negras de trabajadores ilegales se les tildó de racistas. Y pocos se atrevieron a señalar que si los subsaharianos -valga la palabra políticamente correcta- repiten viaje en los cayucos de la muerte será porque, contra lo que nos gustaría creer, burlan con frecuencia nuestros controles marítimos o terminan en las vías públicas de una ciudad peninsular gracias a que la Administración les paga el vuelo desde Canarias porque no sabe qué hacer con ellos.



Ahora, cuando la crisis del ladrillo se ha sumado a la de importación -o al revés-, nos enteramos de que los inmigrantes en paro, como los españoles en igual situación, necesitan un techo y necesitan comer. Con la diferencia de que mal podrán acudir a un pariente próximo que les ofrezca un colchón en su casa y aplique lo de donde comen cuatro, comen cinco. No bastará con mantener las ayudas sociales de hoy. Hace falta prevenir y planificar antes de que, una vez más, sea demasiado tarde. La inseguridad ciudadana puede crecer pronto como resultado de la multiplicación de los delitos y faltas contra la propiedad en versión moderna del hurto famélico. El Código Penal no está pensado para resolver estos problemas. De hecho, los hurtos de hasta 400 euros sólo son faltas castigadas con penas que para nada servirían en estos casos. No se trata de castigar o agravar las penas, sino de buscar soluciones a un problema social de nuevo cuño y sin precedentes en España.



Fuente: EuropaPress

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